La RAE define expoliar como la acción de despojar
con violencia o con iniquidad, es decir, con una gran injusticia. Justicia que
es administrada en torno a unas leyes que realizan aquellos que gobiernan en
cada región. Una de ellas es la ley 16/2005, Ley Urbanística Valenciana (LUV),
esa ley que tanto se comenta en el Parlamento Europeo y que propicia la espiral
de urbanismo especulativo que nos ha llevado a la situación actual, ley que en
su artículo nº 6.6 dispone: "Los Ayuntamientos deben establecer cauces de
participación de los ciudadanos, además de los trámites de información pública,
en las decisiones que afecten a la ordenación y ejecución de los planes y
proyectos con incidencia en el territorio, cuya promoción les
corresponda..." Ciudadanos como los que forman parte de las 1.650 familias
que el plan de El Cabanyal pretende llevarse por delante.
Atendiendo a criterios arquitectónicos El
Cabanyal es un grupo de viviendas que se organizan en dirección longitudinal
paralela al mar a lo largo de 1.300 metros, declarado Bien de Interés Cultural
(BIC) por la Generalitat valenciana en 1993. El Cabanyal solo se entiende
unido, un conjunto que partido por la mitad pierde cualquier sentido, algo
equivalente a separar las Torres de Serranos..., pueden seguir siendo lo mismo,
pero ya no es igual.
Desde SOSTRE apostamos por un urbanismo
participativo en el que los habitantes influyan en la solución final de este
(su) barrio, pensamos una ciudad como suma de barrios, una ciudad que no sólo
la configuran los edificios que en ellas existen, ni tan siquiera el espacio
intermedio que estos generan. La ciudad (y El Cabanyal) la hacen las gentes que
la habitan día a día, con los chascarrillos de los vecinos sentados a la puerta
de sus casas, el xaloc que nos trae el olor a salitre, los niños
correteando entre sus calles. El Cabanyal no es un barrio más, es un estilo de
vida. Durante décadas los valencianos hemos llegado al mar atravesándolo, a
través de la avenida del Mediterráneo, la calle del Pintor Ferrandis o la avenida
del Puerto, es por ello que parece de poco sentido común obligar a más de 1.650
familias a abandonar sus casas, sus raíces, con la excusa del mal llamado progreso.
Es por ello que pensamos que es intolerable que
se realice una intervención de semejantes características sin haber realizado
una consulta sobre lo que realmente quieren las personas que viven en el
barrio, aunque también pueden suprimir el Art. 6.6 de la LUV o realizar algún
otro malabarismo burocrático a los que estamos acostumbrados.
Y aunque no sabemos si el Tribunal Supremo (o
quien corresponda) declarará el plan de El Cabanyal como expolio, lo que no
dudamos es que se trata de una gran injusticia para las familias que habitan en
él y que han sufrido una expropiación forzosa, para los vecinos que ven cómo se
degrada poco a poco por la falta de inversión en una rehabilitación necesaria,
pero que no implique destrucción, y para todos los ciudadanos que en la
arquitectura no sólo ven una inversión sino un pedazo de historia, de identidad
y, por supuesto, de humanidad.
Publicado en El
Pais.
